El
estallido social ocurrido en Venezuela el 27 de febrero de 1989, conocido como
el Caracazo, fue una respuesta popular ante la puesta en marcha de las medidas
económicas anunciadas, las cuales, recomendadas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), produjeron una elevación abrupta en los precios del
transporte y los alimentos, con la excepción de 18 renglones de la cesta
básica.
Los días 27
y 28 de febrero de 1989 ocurrió el estallido social masivo y sorpresivo de
violencia, que estremeció la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública
internacional, debido a la popularidad que representaba Pérez, tras haber
anunciado el programa llamado Paquete Económico, con la finalidad de generar
cambios en la economía nacional.
Los actos
de violencia del 27 de febrero se originaron en la ciudad de Guarenas, estado
Miranda, en horas de la mañana, y se extendió a otras zonas del aérea
metropolitana de Caracas y las principales ciudades del interior del país.
El
estallido fue de carácter espontáneo, por parte del colectivo, por el alza de
los precios del pasaje urbano. Por otra parte, la situación se desató cuando
ocurrió el acaparamiento y la especulación con los productos de primera
necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación.
Es por ello
que luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus
unidades, la acción se amplió hacia los locales comerciales de expendio de
bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los
productos que se encontraban en escasez.
Ante los
acontecimientos ocurridos, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas
por el fenómeno de violencia social de tal magnitud, en la cual Pérez ordenó a
la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. El 28 de febrero, en
virtud del desbordamiento de la situación, decretó estado de emergencia,
previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que
quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los diez
días siguientes.
La Fuerza
Armada asumió el control del orden público y se estableció un toque de queda a
lo largo del territorio nacional.
Protestas y saqueos
Las
protestas se iniciaron en Guarenas, desataron saqueos y violencia en zonas
populares de Caracas, como: Catia, El Valle y Coche, que tomaron el control de
las calles, los medios de comunicación transmitían en vivo los hechos; al principio
en los sectores populares en que habían protestas pacificas.
En horas de
la tarde, había problemas en casi todos los barrios y urbanizaciones
de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no
prestaba servicio.
En los días
siguientes, los medios de comunicación mostraron imágenes que
permitieron ver la magnitud de los saqueos.
Desbordado
por los saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las
principales ciudades. En la capital venezolana se activó el Plan Ávila, el cual
concedía al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de
armas de guerra al momento de contener las manifestaciones.
Pasados los
10 días, el presidente Pérez solicitó la autorización del Congreso para
mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida, aun cuando se
restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda.
Consecuencias
Las
consecuencias del llamado Caracazo, fue la inestabilidad política, se
produjeron enormes pérdidas económicas y materiales para los dueños de los
locales y el transporte urbano.
El balance
de pérdidas humanas dejado por los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989 fue,
según cifras oficiales, de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin
embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales, el número de muertos
llegó al millar.
El programa
del gobierno fue modificado y el 7 de marzo decretan la liberación de los
precios, en la cual causa la aceleración en el proceso de descentralización,
con la primera elección directa de gobernadores y alcaldes celebrada en
diciembre de 1989.
En 1992 se
producen dos intentos de golpe de estado, uno en febrero y otro en noviembre,
debido a la desaprobación de la gestión del presidente Pérez, la ruptura del
partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, que tuvo como
consecuencia el rechazo del paquete de mediadas aplicadas. En 1993 Carlos
Andrés Pérez es acusado de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la
presidencia Ramón J. Velásquez, elegido por el Congreso Nacional, quien es sucedido
por Rafael Caldera tras la convocatoria electoral de 1994.
Hugo Chávez
es declarado culpable de dirigir la rebelión militar de 1992, encarcelado y
luego sobreseído por el presidente Rafael Caldera, tras lo cual gana las
elecciones presidenciales celebradas en 1998.
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